Análisis y clasificación de las políticas de empleo para personas trans en España: marco europeo y regulación autonómica

Pese a la importancia que posee el ámbito laboral como fuente de independencia económica e integración social, y las presiones europeas para la mejora de las políticas de empleo, las personas trans continúan sufriendo altos grados de exclusión sociolaboral. Y a pesar de ello, son escasos los estudios que abordan esta cuestión desde una perspectiva de las medidas y acciones políticas tomadas al respecto. Así, el propósito de esta investigación estriba en el análisis de todas aquellas leyes sobre diversidad sexual e identidad de género existentes en España, con el objetivo de mapear y clasificar a las comunidades autónomas según el alcance de sus medidas. Para ello, se construye un marco analítico compuesto por 5 indicadores: discriminación positiva, planes de inserción laboral, igualdad y no discriminación laboral, investigación y alcance normativo; desarrollados en un total de 15 ítems. De esta manera, se utiliza un diseño metodológico descriptivo con una estrategia de investigación de tipo comparativa, con la finalidad de estudiar y establecer diferencias y semejanzas entre las 20 normativas que componen la muestra. A partir del análisis, se establecen 4 grupos territoriales, estos son, aquel que posee tanto ley LGBTI como ley Trans, otros dos que solo tiene normativa LGBTI o Trans y el último, integrado por aquellos que no tienen legislación específica. Así, se dibuja un panorama normativo fragmentado por regiones en el que las acciones de empleo sobre personas trans tienen alcances muy diferentes. La más ambiciosa es Aragón –con cupo laboral trans–, seguida de Canarias y Madrid, mientras que Cantabria, Galicia y País Vasco cierran la lista con grandes carencias en la comparativa. Los planes de inserción laboral específicos para el colectivo son una de las herramientas más consensuadas, destacando también la implicación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o las cláusulas antidiscriminación en las subvenciones y contratación pública.