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La reforma constitucional boliviana de 2009 consolidó el reconocimiento objetivo de los derechos políticos de las mujeres, planteando el ejercicio de la equidad de género como un criterio para ocupar cargos públicos de decisión. Sin embargo, queda pendiente el desafío de garantizar el ejercicio pleno de dichos derechos en medio de una sociedad arraigada culturalmente con el machismo. En tal sentido, por medio del método deductivo y un análisis analítico descriptivo, el presente documento analiza la normativa vigente en contraste con la realidad del acceso a cargos públicos en Bolivia, tomando como parámetro el trabajo de Ruth Bader Ginsburg por la inclusión de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Corte Suprema de Estados Unidos. Al final se concluye que dicha premisa de igualdad y equidad no son garantizados, quedando pendiente dicho trabajo por parte del Estado.