¿La Corte Constitucional colombiana está dejando de proteger el trabajo de los más pobres?

Este artículo estudia los fallos de tutela expedidos por la Corte Constitucional colombiana en casos donde trabajadores pobres que se la “rebuscan” en espacios públicos activan el aparato judicial para impedir que autoridades estatales les impidan (por distintas razones) llevar a cabo sus actividades productivas. Presentamos dos hallazgos. En primer lugar, argumentamos que la acción de tutela ha sido útil para coordinar derechos constitucionales abstractos (como el derecho al trabajo y al mínimo vital), con diferentes regulaciones locales que impactan la vida de los trabajadores más pobres, como las que prohíben que éstos cuiden carros en la calle. En casos de recicladores, carperos, escribientes, bicitaxistas y trabajadoras sexuales, entre otros, la Corte protege los derechos de los accionantes, pues entiende que, hasta tanto se les ofrezcan alternativas de empleo y/o programas de asistencia social que cubran su mínimo vital, impedir que trabajen en el espacio público es una aspiración puramente simbólica. Sin embargo, argumentamos, en segundo lugar, que en el caso de vendedores ambulantes desalojados por “invadir” el espacio público, la Corte se está alejando del balance constitucional decantado que protegía su derecho al trabajo, utilizando argumentos dudosos de procedibilidad que deberían ser reconsiderados y desechados en futuras decisiones.