Las actividades extractivas: sector crítico estratégico del nuevo modelo energético

Las actividades extractivas constituyen un sector estratégico esencial en la transformación renovable del nuevo modelo energético que impulsa de forma ambiciosa la Unión Europea mediante numerosos Instrumentos normativos y estratégicos en los últimos cinco años desde el Acuerdo de París hasta la reciente aprobación de la propuesta del paquete legislativo “Fit for 55” y la Ley Europea del Clima, con el objetivo de conseguir la neutralidad climática en 2050. Para conseguir este objetivo, los denominados recursos minerales críticos (CRM, critical raw materials) constituyen un elemento clave relacionado con el cambio climático y el desarrollo de las tecnologías renovables del nuevo modelo energético, situando de nuevo a estas actividades una vez más en el centro de la historia de las transformaciones industriales y económicas, esta vez en el siglo XXI. Pese al impulso y atención por parte de la Unión Europea, mediante el Plan de Acción UE sobre los minerales y materias primas fundamentales para el desarrollo de los sectores estratégicos y el fomento de su extracción, en España seguimos en un régimen de excepcionalidad y anormalidad constitucional ante la todavía pendiente Ley de Bases del Régimen Minero (art. 149.1.25) que adapte a la organización y competencias del Estado Autonómico la Ley preconstitucional de 1973, y que dinamice y fomente una nueva minería inteligente y ambientalmente climática (Smart Mining) tanto con una regulación actual en el otorgamiento de permisos y concesiones, como sucede en la legislación de países de nuestro entorno, como con la introducción de tecnologías que faciliten la búsqueda de recursos con nuevos métodos de prospección y la resolución de problemas mineralúrgicos y de mejora de los productos finales. Sin embargo, manteniendo una tradición de los Gobiernos en España de ausencia de predeterminación normativa y gran discrecionalidad en su actuación y decisiones, paradójicamente estas actividades no han sido objeto de la más mínima atención en los tres pilares de nuestro Marco Estratégico de Energía y Clima, quedando una mera mención muy puntual, y además en un sentido prohibitivo, en la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética.