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Abstract
La democracia participativa y en especial la ambiental tiene como uno de sus pilares el derecho a la participación ciudadana, que goza de extraordinaria relevancia en el contexto del desarrollo de proyectos que tienen incidencia sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables. De allí que por imperativo constitucional deben ser plenamente regulados mediante ley, los mecanismos de participación adecuados, idóneos y eficaces como la consulta pública, para que todas las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales y manifestar individual o colectivamente, personalmente o incluso a través de los cauces que brinda la democracia representativa, la opinión que le merecen tales proyectos. Esto además supone armonizar el ejercicio de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales para que en aplicación de los principios de concurrencia y coordinación se garantice el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales y el aprovechamiento de los recursos naturales bajo la égida del desarrollo sostenible.