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Abstract
No existe un proceso penal válido sin respaldo de un procedimiento penal legítimo con respeto a las garantías constitucionales. La simplicidad de esta declaración oculta una compleja red de relaciones entre la búsqueda de evidencias criminales y los derechos fundamentales de las partes a la investigación. Un Estado democrático de derecho, como el caso de Angola (artículo 2.º de la Constitución de la República de Angola), defiende los derechos y libertades fundamentales del ser humano, asegura el respeto y las garantías de las personas, lo cual implica la existencia de mecanismos de control, orden y seguridad. Por lo tanto en Angola la actividad de investigación penal respeta los principios y las normas del derecho democrático, así como los derechos fundamentales de la persona humana.