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Abstract
El riesgo de consecuencias negativas para la seguridad de las personas y los bienes derivado de las inundaciones por causa de fenómenos naturales, supone un problema que han de afrontar las Administraciones competentes en materia de agua, medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, procurando una efectiva coordinación regulatoria y de la gestión de tales riesgos. La cuestión entraña muy diversos aspectos, algunos conflictivos, como el que aquí se aborda, relativo a los límites efectivos que puedan establecerse a los usos del suelo desde los instrumentos de protección y regulación del dominio público hidráulico y sus zonas de afección, en contraste con las previsiones de la legislación y del planeamiento urbanístico municipal, siendo imperativo alcanzar un punto de equilibrio entre el valor de la seguridad pública, los riesgos socialmente aceptables y el contenido del derecho de propiedad conforme a su función social.