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Abstract
El concepto de legitimidad democratica, tal como se aplica a los servicios de inteligencia de un pais, aun no se ha definido ni sus factores contribuyentes estan sistematicamente aislados y operacionalizados. Los acontecimientos recientes en Colombia son la oportunidad para intentar hacer esas dos cosas. Los servicios de inteligencia legitimamente democraticos satisfacen la necesidad de informacion y analisis de un pais, de acuerdo con la aplicacion de principios internacionales de derechos humanos, para preservar y proteger un sistema de gobierno de soporte constitucional. El concepto de legitimidad combina el respeto mutuo y la rendicion de cuentas de legalidad existente entre la administracion politica de un pais y sus ciudadanos, y las acciones y reputacion a largo plazo de sus servicios de inteligencia. Tres elementos contribuyen a la evaluacion de la legitimidad de la inteligencia colombiana: primero, a medida que los profesionales reflexionan sobre su entorno laboral, las memorias publicadas ilustran los aspectos sociales y culturales de la vida en los servicios de inteligencia. Segundo, el marco legal legitimante –la Ley de Inteligencia de Colombia 1621 del 2013 y las medidas del pais para llevar a cabo y monitorear las actividades de inteligencia– indican un nivel de buena disposicion institucional. Tercero, los articulos en linea de tres anos antes y despues de la promulgacion de la ley de 2013, publicados por tres importantes medios de comunicacion impresa, proporcionan datos empiricos. La legitimidad de los servicios de inteligencia colombianos ha aumentado desde la promulgacion de la ley de inteligencia. El logro de una mayor libertad de expresion entre periodistas ha conducido a un aumento convincente en la cobertura de asuntos de inteligencia en Colombia.