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Abstract
En este trabajo se analizan la necesidad de limitar el principio dispositivo, que rige con fuerza en el proceso civil español, para tutelar de forma efectiva los derechos colectivos o de grupo. Para ello se confrontan dos regulaciones, la contenida en la Ley de enjuiciamiento civil española, carente de un auténtico sistema de acciones colectivas, y la contenida en el Código Modelo de procesos colectivos para Iberoamérica que, consciente de las especificidades de la tutela colectiva, configura un auténtico sistema de tutela judicial colectiva efectiva.