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Abstract
El principio de proporcionalidad en las sanciones administrativas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano constituye un tema de vital importancia, ya que su adecuada aplicación es fundamental para garantizar la equidad y la justicia en el sistema sancionatorio. La falta de uniformidad en su aplicación entre distintas entidades administrativas crea situaciones de inequidad, minando la coherencia del sistema y socavando la confianza de los ciudadanos en la justicia administrativa. Además, la ambigüedad normativa en la definición de los criterios de proporcionalidad genera interpretaciones subjetivas, propiciando decisiones arbitrarias y afectando la seguridad jurídica. La ausencia de mecanismos efectivos de revisión y control de las decisiones administrativas en materia sancionatoria representa otro desafío, comprometiendo la protección de los derechos individuales. Por ello, es crucial abordar esta problemática para establecer procedimientos claros que permitan a los ciudadanos impugnar sanciones consideradas injustas, asegurando una revisión imparcial y transparente. De esta manera, la revisión y mejora del principio de proporcionalidad en las sanciones administrativas en Ecuador se presenta como una necesidad imperante para fortalecer la legalidad, equidad y confianza en el sistema sancionatorio, preservando así los derechos fundamentales de los ciudadanos.