La «adaptación» del derecho de daños a la inteligencia artificial: la propuesta de Directiva sobre responsabilidad

Abstract

El imparable avance de la inteligencia artificial y los potenciales beneficios que genera son hechos incuestionables. Sin embargo, también plantea importantes desafíos, por lo que las instituciones europeas han mostrado especial interés en disponer de una regulación adecuada. En este sentido, aparecen dos realidades que, en ocasiones, parecen enfrentadas: el desarrollo tecnológico y la tutela de los derechos de los particulares. Con tal de ofrecer una respuesta satisfactoria, la Unión Europea ha articulado la que parece la estrategia definitiva basándose en tres bloques fundamentales: las normas horizontales sobre los sistemas de inteligencia artificial, la legislación sobre seguridad y la responsabilidad civil derivada. Respecto a las primeras, conviene tener presente que la propuesta de Reglamento de 2021 (la denominada Ley de Inteligencia Artificial), a pesar de no resolver la cuestión relativa a la responsabilidad civil, establece unas bases (el propio concepto de sistema de inteligencia artificial, la clasificación de estos últimos, los requisitos, criterios y obligaciones previstas) de las que parten las disposiciones especiales; esto es, la propuesta de Directiva de modificación de la Directiva sobre productos defectuosos y la propuesta de Directiva para la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial. Por este motivo, en el presente estudio se analizarán, siquiera someramente, las mencionadas directrices básicas, así como las relaciones entre las dos propuestas de Directivas, con la finalidad de exponer el panorama legislativo actual. En todo caso, incidiremos con más detalle en la propuesta de Directiva para la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial, con la que se pretenden evitar las posibles diferencias surgidas al adaptar las normas por los órganos jurisdiccionales, lo cual daría lugar a una evidente inseguridad jurídica, a una fragmentación y a un descenso de inversión económica en este sector.