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Abstract
La inteligencia artificial es una realidad de la que el derecho procesal no puede escapar. Son indudables las ventajas que presentan en términos de coste y tiempo para la Administración de Justicia, e incluso en determinadas ocasiones pueden contribuir a alcanzar un resultado más objetivo. Sin embargo, tan visibles son sus beneficios como los potenciales riesgos que entrañan para los derechos y las garantías fundamentales del proceso. Características como la opacidad o la falibilidad pueden afectar irremediablemente al derecho de defensa y la contradicción. Ante esta situación, debemos plantearnos qué futuro queremos, es decir, si la justicia algorítmica es imparable, cómo queremos que se configure en el proceso. Esto solo podrá hacerse a través del establecimiento de un marco legal que identifique los riesgos existentes y recoja medidas para paliarlos. Todo ello con el objetivo de conjugar eficiencia y eficacia, de modo que podamos gozar de las ventajas que nos ofrecen estas nuevas herramientas, pero sin que ello conlleve una merma en los derechos fundamentales y garantías del proceso, pues estos son y deben ser un límite irrebasable en la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el proceso.