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Abstract
Los Poderes Judiciales y las personas que desempeñan trabajos en los diversos ámbitos del sector justicia cuentan con garantías como: independencia, imparcialidad, estabilidad laboral, no persecución por su labor, etc. Estas consisten no solo en derechos de los operadores de justicia, sino también en medios para garantizar el derecho a la justicia de la población en general y el resguardo de sus derechos a través de la tutela judicial. El presente artículo tiene como objetivo presentar un análisis de la importancia de la protección a los operadores de justicia ante ataques de diversa índole para que cumplan libremente y sometidos únicamente a la ley con el desarrollo de sus labores, en beneficio de la población, esto a través del estudio de casos concretos en el contexto latinoamericano y el examen de estándares internacionales mínimos para garantizar una justicia sólida y sin interferencias.