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El artículo explora la segunda y definitiva supresión del tribunal de la Inquisición de México en 1820. Nuestra hipótesis es que, a diferencia de lo que sucedió en la península, los inquisidores de México tuvieron oportunidad de negociar con el gobierno una supresión a modo que facilitó un tránsito suave y hasta cierto punto benéfico para sus intereses. Ello permitió que sobreviviera el archivo inquisitorial y se mantuviera latente la posibilidad de que el tribunal se restableciera o fuera remplazado por otra institución que sumiera funciones semejantes. A partir de la documentación generada por la comisión que registró e incautó los bienes, ofrecemos también una idea del estado en que se encontraba el tribunal.