La constitución y la justicia alternativa en la justicia para adolescentes

Derivado de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, los órganos del Estado mexicano deben observar, respetar y garantizar los derechos humanos que se encuentran previstos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales suscritos y que se suscriban. Esta obligación abarca la justicia penal para adolescentes, es decir, este sistema especializado de justicia debe observar, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes que sean investigadas, procesadas y sentenciadas por la comisión de una conducta tipificada como delito, entre esos derechos especiales, se incluye el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias. En observancia a esta obligación, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes prevé la aplicación de la mediación penal y los procesos restaurativos como posibilidad dentro del proceso penal seguido a las personas adolescentes.