La ‘privatización’ de la acción pública de inconstitucionalidad

Las ‘cargas argumentativas’ exigidas en las demandas de inconstitucionalidad terminaron de eliminar la naturaleza pública e informal de la acción de inconstitucionalidad. El presente artículo evidencia empíricamente cómo el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional ha incentivado su ‘privatización’. Nos referimos a dos fenómenos simultáneos: la restricción generalizada para ejercer el derecho ciudadano de participar en el control del poder político a través de esa figura, y la concentración de su uso y goce en una élite: los abogados. Nuestros modelos probabilísticos advierten el robustecimiento de desigualdades injustificables en el ejercicio y goce de los derechos incorporados en esta acción, tanto entre abogados y no-abogados como entre hombres y mujeres. Señalamos que los efectos de la operación de esta acción deben ser tenidos en cuenta al momento de revisar sus alcances y contenido y sugerimos algunas medidas para su futuro desarrollo.