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Este trabajo de investigación analiza la ausencia de correlación entre el crecimiento económico del Ecuador, ligado a la explotación petrolera, y un mayor número de afiliaciones a la Seguridad Social. En la práctica esto se traduce en menos protección social para los adultos mayores, es así que, actualmente, una de cada cuatro personas mayores de sesenta años recibe una pensión en el Ecuador, mientras en el IESS existen cinco afiliados por cada jubilado a octubre del 2020. Esta realidad se complejiza más si revisamos las características demográficas de la población, el aumento de la esperanza de vida, la reducción en la tasa de fecundidad y el decrecimiento del índice de natalidad de nuestro país. El bono demográfico del que actualmente gozamos concluirá en la década de los 40 de este siglo y todo parece indicar que el país no ha sido los suficientemente hábil como para acumular y redistribuir una mayor cantidad de riqueza (PIB per cápita) teniendo como premisa una mayor cantidad de población comprendida entre 15 y 60 años de edad (población en edad de trabajar). Como consecuencia de esto, es necesario replantearnos el esquema de seguridad social y el derecho a la ciudad para los adultos mayores en los próximos años, pues al 2050 representaremos el 20 % del total de habitantes en el país; y lo decimos de manera inclusiva porque los adultos jóvenes de hoy seremos los adultos mayores del mañana.