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La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de El Salvador por violar derechos humanos fundamentales de Manuela, una madre joven, pobre, analfabeta, que frente a una emergencia obstétrica llegó a un hospital para ser atendida por sus dolencias. Allí, se la señaló por haberse provocado presuntamente un aborto, terminó siendo imputada y condenada por el supuesto homicidio de su hijo recién nacido.
El proceso penal llevado a cabo estuvo viciado por estereotipos de género y no se respetaron sus garantías judiciales, lo que condujo a la Comisión Interamericana, a solicitud de los representantes de la víctima y su familia, a someter el caso a la Corte Interamericana.