La problemática jurídico-constitucional que plantea el segundo Estado de alarma y el final de su vigencia: ¿una vulneración reiterada de derechos fundamentales en la España autonómica?

El estado de alarma declarado por el RD 926/2020, de 25 de octubre, y el RD 956/2020, de 3 de noviembre, que actualiza y modifica el anterior, constituyen objeto de análisis y estudio. Se abordan las dudas de constitucionalidad que suscita la prórroga directa de seis meses no solamente a efectos —y consecuencias— de la duración temporal del estado de alarma sino, muy especialmente, cuando ello se cohonesta con la habilitación para dictar —dentro del marco general de limitaciones de derechos— órdenes, resoluciones y disposiciones a las presidencias de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas como autoridad delegada. La vigencia de facto de 19 estados de alarma ha propiciado una falta de seguridad y certeza jurídica sin parangón. En ocasiones, se aprecia la aplicación por parte de los gobiernos autonómicos de medidas restrictivas de derechos fundamentales que no superan el test de proporcionalidad en lugar de haber ponderado y aplicado medidas menos invasivas. Las reformas operadas en la LJCA han constituido un paso relevante para un mejor control judicial.