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Y ha exigido, en segundo lugar, el mantenimiento de las garantías básicas del procedimiento, en particular la exigencia de prueba suficiente. No obstante, dadas las peculiaridades de la materia y el margen de apreciación en manos del Consejo, la jurisprudencia ha reconocido también la existencia de particularidades materiales y procesales en el control de legalidad ejercido por el Tribunal de Justicia de la UE. En todo caso, los derechos de la defensa (comunicación de los elementos de prueba, acceso al expediente, derecho a ser oído y derecho al reexamen periódico) juegan un papel básico en el control de legalidad de las medidas restrictivas. 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El control jurisdiccional del TJUE en materia de medidas restrictivas adoptadas en el ámbito de la PESC: El equilibrio entre efectividad y legalidad
Esta contribución analiza diversas cuestiones derivadas del control judicial ejercido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular del Tribunal General, en relación con las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea en el marco de su política exterior y de seguridad común. Como consecuencia de las exigencias derivadas de los principios de Estado de derecho (art. 2 TUE) y de tutela judicial efectiva (art. 47 Carta de Derechos Fundamentales de la UE), la jurisprudencia ha aceptado, en primer lugar, que, junto a los instrumentos procesales típicos previstos por los tratados constitutivos (recurso de anulación y excepción de ilegalidad), quepa también la posibilidad de plantear en este ámbito cuestiones prejudiciales y acciones de reclamación de daños. Y ha exigido, en segundo lugar, el mantenimiento de las garantías básicas del procedimiento, en particular la exigencia de prueba suficiente. No obstante, dadas las peculiaridades de la materia y el margen de apreciación en manos del Consejo, la jurisprudencia ha reconocido también la existencia de particularidades materiales y procesales en el control de legalidad ejercido por el Tribunal de Justicia de la UE. En todo caso, los derechos de la defensa (comunicación de los elementos de prueba, acceso al expediente, derecho a ser oído y derecho al reexamen periódico) juegan un papel básico en el control de legalidad de las medidas restrictivas. Se trata, en suma, de una compleja materia en la que la jurisprudencia busca el equilibrio entre la efectividad de la política exterior y de seguridad común de la Unión prevista por los tratados constitutivos y la exigencia de legalidad de las medidas en cuestión.