El feminicidio en México: la obligación de combatirlo y la responsabilidad objetiva del poder ejecutivo federal y de los gobiernos estatales

 Ante el constante incremento de violencia feminicida, el Estado mexicano está obligado a implementar enérgicamente todas las medidas necesarias para combatir este fenómeno delictivo. Una de las principales demandas estriba en la falta de información concreta para el diseño de adecuadas políticas públicas. En esa tesitura, el presente artículo tiene como finalidad indicar algunas de las obligaciones compartidas entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, tales como: 1) brindar y recabar información útil respecto a la incidencia delictiva sistematizada, e interpretable; y 2) con la información obtenida, diseñar políticas públicas evaluables e idóneas para combatir la violencia de género y su expresión más grave: el feminicidio. Al tomar como marco referencial los derechos humanos en el presente estudio, se parte del contexto actual que sufren las mujeres en México, con cifras oficiales presentadas por entes públicos nacionales e internacionales. Posteriormente, se desarrollan las obligaciones convencionales del Estado mexicano y las referidas constitucionalmente para todas las autoridades y todos los niveles de gobierno; finalmente, se menciona el deber de coordinación y coadyuvancia en materia de seguridad pública entre el gobierno federal y las entidades federativas. Así, se esboza la siguiente hipótesis: el incumplimiento de estas obligaciones deriva en responsabilidades objetivas, por daños que resultan en violaciones a derechos humanos y atentados persistentes e irreparables contra la dignidad de mujeres, niñas y adolescentes.