Ingreso Mínimo Vital desde la óptica del Derecho público

El Ingreso Mínimo Vital ilustra muy bien el dinamismo propio del Estado social y el protagonismo que en él cobran las cuestiones organizativas y procedimentales. De un lado, recompone la distribución de competencias y el sistema de prestaciones de la protección social, en un proceso complejo e inconcluso en el que participan el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales. De otro lado, se dota de procedimientos cuya idoneidad se revela crítica para la eficacia de la prestación y que sirven de referencia útil para replantear el concepto mismo de procedimiento administrativo.