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Tras sucesivos anteproyectos, elaborados uno tras otro a lo largo de más de un año, en julio de 2013 el Gobierno de España aprobó finalmente un texto que abordaba la reforma parcial del régimen local español bajo la denominación de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El debate, como podía imaginarse, estuvo servido desde el principio. Y, ciertamente, el texto finalmente aprobado, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, aunque incorpora importantes medidas especialmente desde la lógica de la sostenibilidad financiera de las haciendas locales, dista mucho en el fondo y en la forma de los primeros borradores conocidos. Y desde luego dista aún más de haber afrontado con solvencia los retos que la planta local española presenta y que, a diferencia de otros países europeos (Grecia y Portugal significativamente) no ha transitado por la reducción del número de entidades locales.