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La persistencia de actores armados en los territorios son el reflejo de la corrupción política, que ha llevado a Colombia a un estado de guerra permanente, y en el que la población rural ha sido la más afectada. Las masacres selectivas, el despojo territorial y el desplazamiento forzado, son los principales mecanismos de acción de los actores armados, entre los que se encuentran narcotraficantes, paramilitares, excombatientes y fuerza pública. Las instituciones educativas rurales se han convertido en un botín de guerra, al quitarle la posibilidad de estudiar a los niños, niñas y adolescentes, y en muchos casos, son reclutados a la fuerza en estos grupos armados. Los impactos psicosociales en la población desplazada y las vulneraciones que impiden el goce efectivo de derechos en niños, niñas y adolescentes representa una violación a la dignidad de la persona humana.