Los cómplices de ayer, los beneficios de hoy – El nudo de la desigualdad impuesta por la dictadura

El golpe militar de 1973, la consolidación del gobierno dictatorial y las atrocidades que éste cometió, tuvieron como principal propósito crear las condiciones necesarias para la implementación de políticas económicas que solo beneficiarían a una minoría y que, consecuentemente, serían rechazadas por gran parte de la población. La racionalidad de la dictadura fue eminentemente económica y de reconfiguración de las relaciones sociales y laborales. La fuerte puja redistributiva que comenzó en los setenta en un gran número de países, exacerbada por las implicaciones de la Guerra Fría en la región, se hizo carne en Chile. En este texto, exploraremos el rol que tuvieron actores económicos cruciales –tanto nacionales como extranjeros- durante la dictadura de Pinochet. Analizaremos, de qué modo y por qué las políticas económicas implementadas durante la dictadura reconfiguraron la fisonomía de la economía en el país, facilitando y profundizando los niveles de desigualdad que aún registra Chile, y buscaremos responder las preguntas sobre por qué y de qué manera la nueva Constitución debería desatar este nudo para garantizar la rendición de cuentas, reducir los niveles de desigualdad discriminatoria y asegurar la realización de los derechos económicos y sociales de toda la población en Chile. La importancia de discutir sobre complicidad económica en Chile y su relación con las injusticias sociales y económicas actuales es mayúscula. En primer lugar, el país fue considerado durante muchos años el niño ejemplar de cómo el neoliberalismo y el autoritarismo juntos, producían algo bueno para la sociedad chilena. Segundo, por la rampante corrupción durante la dictadura y la poco estudiada vinculación entre el saqueo sistemático del Estado durante el gobierno dictatorial y los profundos déficits de los servicios estatales en democracia. Tercero, porque la no consideración de la complicidad empresarial, así como la forma en que las políticas económicas contribuyeron a la exclusión social, llevaron a una visión raquítica de lo que son los derechos humanos, marginalizando a los derechos económicos y sociales, todo lo cual se materializó en la constitución de 1980 que ahora se intenta reformar.