«Salvaguardar dentro de la Ley el interés general». La declaración del estado de excepción durante la dictadura franquista.

«La ilegal paralización del trabajo en determinadas minas de carbón y otras empresas, impone la necesidad de salvaguardar dentro de la Ley, el interés general». Así empezaba el preámbulo del Decreto Ley aprobado en mayo de 1962, en el curso de la oleada de huelgas en las cuencas mineras de todo el estado, donde se recogía la causa y la justificación de la declaración formal del estado de excepción. Desde 1956 hasta 1975 el régimen franquista recurrió en sucesivas ocasiones al decreto formal del estado de excepción como necesidad para controlar la ruptura del orden público por un enemigo interior subversivo y antiespañol. El propósito de este artículo es reflexionar en torno a la paradoja de que un estado de excepción como el franquista recurra a una disposición legal que lo que pretende es ahondar en la excepcionalidad, empero queriendo manifestar su naturaleza externa a la norma. La búsqueda de un armazón de legalidad fue un objetivo que el Estado franquista persiguió a lo largo de su existencia en aras de crear la apariencia de Estado de Derecho, del que adolecía en todas sus dimensiones. Ahora bien, su intención «maquilladora» no implico cambios estructurales en un sentido aperturista, al contrario, en ningún momento el Estado dejó de reforzar sus aparatos represivos.