Los gobiernos locales como titulares de la reparación civil en los procesos penales por los delitos ambientales

El deber de preservar y proteger el ambiente es una obligación que trasciende los tres niveles de gobierno del Estado peruano, es decir, el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La defensa del Estado en los procesos penales por delitos ambientales la ejerce la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales; sin embargo, corresponde a los gobiernos locales y las municipalidades distritales o provinciales percibir la indemnización que se fije en estos procesos para ser empleada en la reparación del daño ocasionado o en la conservación del medio ambiente de su circunscripción, ello por cuanto son las instancias de gobierno las que deberán asumir todos los efectos sociales que ocasione el daño ambiental en sectores como salud y trabajo y en el desarrollo de su municipio.