Constitucionalizando los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación: Claves para el proceso chileno

El derecho a la educación no es sólo un derecho humano en sí mismo, sino también un derecho de empoderamiento, multiplicador y transformador: “un medio indispensable de realizar otros derechos humanos”.264 Como tal, constituye un proceso continuo de experiencias y aprendizajes vitales que permite que las personas de forma individual o colectiva puedan desarrollar su personalidad y el máximo de sus capacidades, integrarse en la sociedad e interactuar con otros y con el medio ambiente con pleno respeto a los derechos humanos. Bajo esta perspectiva se encuentra reconocido en diversos tratados universales y regionales de derechos humanos y en una serie de compromisos políticos del foro internacional. Sin perjuicio de lo anterior, muchas lagunas normativas aún persisten respecto a su implementación, especialmente en contextos globales donde la privatización y la mercantilización de la educación han ganado espacio. Los denominados Principios de Abiyán buscan precisamente hacerse cargo de este desafío al ofrecer guías para los Estados en relación con la garantía de una educación pública, gratuita y de calidad por una parte, y la regulación de la participación del sector privado en su provisión, por otra. En este contexto, este artículo argumenta que los Principios de Abiyán permiten hacerse cargo de las brechas constitucionales del derecho a la educación en Chile en relación con temas clave tales como el propósito de la educación, los sistemas de educación pública, el financiamiento, la libertad de elección de la escuela y la privatización de la educación. De esta forma, el proceso chileno ofrece una oportunidad institucional única para integrar por primera vez los Principios de Abiyán en un mecanismo de creación constitucional, y con ello transformar un sistema educativo marcado por la segregación y la desigualdad.