Lobbies

The Spanish politicians study for time regular how of the lobbies or groups of pressure in Spain, as it happens in other countries in which there exist records of activities and codes of conduct that limit the action of the groups and companies interested in influencing those who write the laws. La regulación de los lobbies en España es una de las tareas que quedan pendientes desde hace casi 40 años, tras llevarse a cabo procesos de transición en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana del país. Después de asistir al espectáculo de esa España gobernada por los traficantes de influencias, los grupos de presión y los clanes formados alrededor del dinero del poder, sin orden ni concierto, esa España que basó su crecimiento en la llamada «cultura del pelotazo», trata ahora de acercarse al modelo norteamericano de lobby, a través de un COMUNICACIÓN 21 Número 8 Abril de 2018 2 movimiento encaminado a eliminar los aspectos más peyorativos de esas tres palabras (tráfico de influencias), para alejar la idea de oscuridad que inspira la mera existencia de grupos de presión controlados por fuerzas desconocidas. Esta es la idea de varios de los grupos políticos que se presentan a las elecciones del 20 de diciembre de 2015 en medio, por cierto, de un sin fin de escándalos y operaciones encubiertas manchadas por esa idea oscurantista de obtener contratos a la sombra del poder. No hay que olvidar que en España la expresión equivalente a la inglesa lobby es «grupo de presión». La palabra anglosajona lobby significa literalmente «pasillo» o «antesala». Es una denominación que en España proporciona cierta categoría formal a una actividad que se ha identificado popularmente como «tráfico de influencias». Lo cierto es que al hablar de lobbies en España no sabemos muy bien si nos estamos refiriendo a algo bueno o malo, éticamente admisible o inmoral, o si se trata de una forma edulcorada de mentar a los poderosos grupos de presión que gobiernan la política, la economía, la Justicia y la sociedad en general. Durante el franquismo, y más recientemente, las palabras «grupo de presión» suenan a «gobierno en la sombra», a «poder oculto» y a ese tipo de fuerzas que imponen su voluntad allá donde actúan. Como veremos más adelante, la prensa ha sido responsable en gran medida de que este sentimiento hacia los grupos de presión haya calado en la opinión pública. Pero siempre como reflejo de las reacciones que ha causado el comportamiento de esos grupos en la política y la sociedad. Lobby quiere decir «corredor», «sala de espera». En su sentido derivado designa «toda acción realizada cerca de cualquier autoridad para influir sobre sus decisiones, a través de los métodos que sean, desde la propaganda hábil hasta los medios de intimidación». Jordi Xifrá, estudioso del fenómeno, cita el diccionario Webster para definir el verbo lobby: «Conducir actividades dirigidas a influir a funcionarios públicos y especialmente a miembros de un cuerpo legislativo sobre una legislación u otra decisión política». Otros expertos --Bernadet, Bouchez y Pihier-definen lobby como «el arte de comunicar con las instancias políticas y administrativas para obtener una inflexión de los proyectos legislativos o reglamentarios o una revisión de las leyes y reglamentos en un sentido favorable a las instancias profesionales y a las empresas». En mi opinión, estas definiciones constituyen un intento de prestigiar lo que en el mundo anglosajón se entiende por lobbying, una actividad que desde hace un tiempo se viene ejerciendo MATHIOT, André, «Les pressure groups aux Etats-Unis», en Revue française de science politique, Vol. II. Núm. 3, jul-sep. 1952. Citado por DE CELIS, Jacqueline B., Los grupos de presión en las democracias contemporáneas. Editorial Tecnos, S.A. Madrid. 1963. P. 39. WEBSTER, George. Non profit lobbying. Association Management. 1992. Citado por XIFRÁ, Op. Cit. P. 23. BERNADET, J-P., BOUCHEZ, A. y PIHIER, S., Précis de Marketing, Nathan, París, 1996. Citado por Xifrá, Op. Cit. P. 23 COMUNICACIÓN 21 Número 8 Abril de 2018 3 efectivamente en España a través de los bufetes de abogados, los despachos de influencia y los gabinetes de relaciones públicas sin una regulación objetiva y que en realidad ha cobijado comportamientos relacionados con el amiguismo en el mundo de la política. Es difícil hablar del lobby como de un simple despacho que se dedica a trabajar para un cliente determinado. Con frecuencia, los lobbies, en su versión más evolucionada, responden a intereses sectoriales que se agrupan en forma de consorcios y que acaban contratando a lo que David Caldevilla, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, denomina «Gabinete de Defensa de Intereses Legítimos». Caldevilla reivindica esta denominación para describir el funcionamiento de un equipo compuesto por un grupo de especialistas en diversas materias, organizados a partir de un gabinete de imagen y prensa para lanzar comunicados a los medios; una agencia encargada de contratar la publicidad directa del consorcio; un bufete profesional de representación para resolver los conflictos jurídicos y económicos que se puedan presentar, y una estructura que permita la puesta en marcha de publicaciones o la organización de fundaciones que ayuden a la consolidación en la sociedad del cliente que ha decidido contratar al llamado «Gabinete de Defensa de Intereses Legítimos». Los entusiastas del lobby tratan de aparecer ante la opinión pública como profesionales que desarrollan una actividad legítima en contraste con el oscurantismo que hasta ahora ha caracterizado el comportamiento de los grupos de presión en España. El fenómeno nuevo que han detectado estos profesionales es que existe una necesidad de llevar a cabo diversas gestiones ante los poderes públicos, que hasta hace poco tiempo los consorcios o grupos de interés desarrollaban de forma dispersa y sombría, de modo que los lobbistas profesionales se presentan ahora en público dispuestos a estructurar estas actividades, ofreciendo a sus clientes una batería de servicios diversos a través de un sólo gabinete estratégico. Desde mi punto de vista, este empeño responde a la necesidad de lavarle la cara al mundo del lobby español, pero no aclara demasiado el funcionamiento de los grupos de presión en la trastienda del poder, en la antesala de los legisladores, por seguir el significado literal de la palabra lobby en inglés. Podríamos llamar a estos nuevos profesionales «coordinadores de servicios que trabajan para conseguir prebendas ante los poderes públicos». Es decir, profesionales que ofertan en un mismo paquete soluciones para todas las necesidades que tiene una empresa o un grupo de presión cualquiera a la hora de canalizar sus peticiones hacia la Administración. Sin embargo, bajo esa nueva denominación, el lobbista sólo ha concentrado tres figuras -el abogado, el experto en publicidad y el encargado de las relaciones públicas y de la imagen ante los medios de comunicaciónen una sola oficina. Con ellos, el lobbista ofrece sus servicios a sus clientes en un paquete, «Gabinete de Defensa de Intereses Legítimos», como si se tratara de una pastilla milagrosa que soluciona todos los problemas. La proliferación en España de los llamados «despachos de comunicación», que triunfaron en los años ochenta y noventa como una fórmula encaminada a mitigar el COMUNICACIÓN 21 Número 8 Abril de 2018 4 impacto de los grandes escándalos periodísticos alrededor de las maniobras habituales de las grandes empresas para influir en las decisiones políticas, responde no sólo a esta necesidad que tienen las empresas de aparecer en las mejores condiciones posibles ante los medios de comunicación, sino a la de trasladar a los gobernantes sus impresiones sobre la opinión pública misma. El que fuera director general de la Once, Miguel Durán, explicaba esta táctica como la necesidad de ocupar con publicidad en los periódicos el espacio que de otra manera estaría lleno de invectivas periodísticas contra las organizaciones que actúan como grupos de presión. En otras palabras, Durán piensa que la ocupación publicitaria crea dependencias en los medios, temerosos de perder cuantiosos ingresos. Por ello, emporios tan importantes como El Corte Inglés o la Once no han dejado de invertir espectacularmente en publicidad en los últimos años. Un precedente claro se podría encontrar en 1969, cuando se produjo una subida de las tarifas eléctricas y las compañías del sector ejercieron una presión en favor de dicha subida, a base de publicidad, que cesó en cuanto se consiguió la medida. Cuando un asunto se apodera de la agenda pública, los poderes tienen la obligación de actuar, como ocurrió en los años ochenta en casos como los de Javier de la Rosa, Enrique Sarasola o los antiguos responsables de Interior en relación con la trama de los GAL, todos ellos asuntos preferidos de los periodistas de la época, cuyo trabajo era el reflejo de la sociedad que se empezaba a configurar en España y que finalmente acabó devorando la estructura misma de los partidos, convertidos en verdaderas maquinarias financieras ilegales. De ahí la importancia de controlar los medios de comunicación a través de la publicidad, y en especial a los periodistas de investigación que entonces solían trabajar por libre a la caza y captura de irregularidades vinculadas a los grandes grupos de presión. Pasado el tiempo, una consecuencia sobre la efectividad de los nuevos lobbies que trabajan en España es la desaparición en casi todos los medios de comunicación de los equipos de periodistas que venían dando a conocer escándalos relacionados con los principales consorcios y grupos de presión. El diario El Mundo resistió en solitario durante un tiempo hasta que la crisis se llevó por delante esa estructura clásica de hacer periodismo, debido a los cambios económicos que han influido en la producción de información en la España de los últimos años. Entrevista personal del autor con Miguel Durán en su antiguo despacho de la ONCE, en