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Abstract
El impulso al proceso de transformación digital está generando el surgimiento de plataformas tecnológicas en áreas fundamentales de la acción administrativa. Es el caso de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de la Plataforma de Contratación del Sector Público, pero también de múltiples registros que atienden muy diversas finalidades. En ámbitos de competencia exclusiva estatal o compartida entre el Estado y las comunidades autónomas la regulación de estas plataformas y registros tendió a la centralización, con impacto sobre los derechos lingüísticos, al igual que ocurrió cuando el Estado concretó la condicionalidad para el acceso a fondos de financiación dirigidos a comunidades autónomas y entidades locales en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.