Hacia una necesaria desformalización de los procesos de insolvencia

Abstract

La ley 24.522 impone al deudor severos requisitos de acceso al régimen y luego, durante su sustanciación, sin distinción según el tamaño de la empresa insolvente. Si bien contiene dos artículos para los pequeños concursos y quiebras, no alcanzan a constituir un régimen diferenciado por lo que estos procesos son pasibles del mismo formalismo que se impone para la generalidad de los sujetos concursados. Esto representa un obstáculo en un país cuya base empresarial se compone principalmente de pequeñas empresas para quienes un sistema de insolvencia demasiado riguroso en sus aspectos formales tiende a desalentar su aplicación. Se plantea, como hipótesis, la necesidad de una reforma legislativa que simplifique la recomposición de pasivos y que recoja la experiencia adquirida durante el último bienio en el uso de recursos tecnológicos. Esta parece ser la tendencia que exhiben los criterios actuales de la doctrina y las reformas recientes de la legislación comparada.