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Abstract
El periodo de violencia política que envolvió al país entre 1980 y el 2000 dejó profundas heridas en miles de peruanos y puso al descubierto graves facturas sociales. La declaratoria de guerra por Sendero Luminoso movilizó las fuerzas del Estado, lo que provocó una violación de derechos humanos no solo entre ambos bandos, sino ante la población civil. La movilización social y la estrategia de inteligencia de la Policía puso fin a la violencia, pero solo el fujimorismo y las Fuerzas Armadas quisieron arroparse el triunfo. En el camino, cientos de miles de víctimas reclamaban justicia. Para lograr la reconciliación nacional, desde espacios como la CVR se recomendaron ante el Estado políticas de reparación a través de programas sociales. Sin embargo, una serie de factores vienen impidiendo que estas puedan ser efectivas.