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Abstract
El 2021 fue un año de cambios y de retos en Chile, producto de un nuevo marco político gestado, entre otras razones, por las protestas de 2019. Conforme al Plebiscito Nacional de 2020 y por motivos de la pandemia, flagelo que ha ocasionado varias postergaciones electorales, se definió un calendario contentivo de todos los cargos de elección popular, a saber: elecciones subnacionales (gobernadores regionales, alcaldes y concejales), junto con la Convención Constitucional, así como la segunda vuelta para los gobernadores regionales, primarias presidenciales oficiales, “primarias presidenciales convencionales” (no organizadas por el Servicio Electoral, máximo órgano electoral administrativo) y, para cerrar, elecciones nacionales: presidente de la República, renovación parcial de senadores, diputados al Congreso y consejeros regionales, con una eventual segunda vuelta presidencial. No queda duda, en virtud de los eventos realizados, de la fortaleza institucional electoral y de la cultura política en Chile; no obstante, son varias las materias que pudieran evaluarse, tales como: actualización del registro electoral, financiamiento electoral, reelección, regulación de encuestas electorales, y políticas de acción afirmativas por género y otros grupos. Una mayor autonomía del ente administrativo electoral y la necesidad de formalizar la observación electoral pudieran ser claves para esta revisión.
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