Jesús Julián, Ana María López Cepeda, Belén Galletero Campos
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Abstract
La publicidad de las administraciones públicas es una fuente más de ingresos para los medios de comunicación. Sin embargo, al tratarse de fondos de carácter público, este tipo de campañas ha precisado una reglamentación específica. Actualmente hay once comunidades autónomas con legislación en la materia y una norma de carácter nacional. Castilla-La Mancha es una de las seis autonomías que carece de ley regional, pero desde 2016 la contratación de las campañas de la Junta de Comunidades se rige mediante Acuerdo Marco. El presente trabajo, centrado en la publicidad institucional de la Junta de Castilla-La Mancha durante los años 2016, 2017 y 2018, tiene como objetivo comprobar si este nuevo sistema regulatorio ha mejorado la transparencia y la objetividad en los criterios de reparto. Se examinan las inserciones publicitarias del Gobierno autonómico (2016-2018) y se comparan con las métricas habituales de medición de audiencias.