Los estándares de derecho electoral a la luz de la jurisprudencia del TEDH y del Código de buenas prácticas de la Comisión de Venecia

Abstract

La identificación y consolidación de los estándares de derechos humanos forma parte de la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, el impacto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en la construcción de normas comunes en el ámbito de la democracia y de las elecciones es una de las cuestiones más complejas, ya que el derecho electoral es generalmente parte del ámbito de soberanía estatal. El Tribunal ha desarrollado una rica jurisprudencia sobre los derechos a la participación política a partir del artículo 3 del Protocolo I. A pesar del enunciado particular de este artículo, diferente de los demás derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha habido una clara evolución hacia una protección naturaleza tanto individual como dual de los derechos políticos. Este desarrollo habría sido incompleto sin el trabajo y las interacciones con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, cuyo nombre completo es «Comisión para la Democracia a través del Derecho», que contribuye en gran medida al desarrollo de procesos normativos, actuando como catalizador de la voluntad de los Estados para alcanzar un consenso europeo. La Comisión de Venecia es un organismo internacional que tiene una dimensión diplomática: debe cooperar con los Estados y, al mismo tiempo, debe emitir dictámenes y recomendaciones que no siempre sean fáciles de aplicar (y que no siempre se siguen) a nivel nacional. Este trabajo se centra en el complejo papel desempeñado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión de Venecia para promover con éxito el establecimiento de normas europeas comunes y buenas prácticas en el ámbito electoral. La contribución explora primero las normas de hard law desarrolladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia en el ámbito de las elecciones. Examina además el papel de la Comisión de Venecia y sus métodos de trabajo a la hora de identificar los estándares de soft law en el campo electoral y cómo, a través de sus interacciones con la Corte, refuerza dichos estándares y el hard law para promover un ius commune electoral.The identification and consolidation of human rights standards is part of the work of the European Court of Human Rights. However, the applicability of the European Court’s case-law to the construction of common standards in the field of democracy and elections is one of the most difficult areas, as electoral law is generally part of the sovereign choice of the State. The Court has developed a rich case-law on the rights to political participation on the basis of Article 3 to Protocol I. In spite of the particular content of this Article, different of the other rights recognised in the European Convention on Human Rights, there has been a clear evolution towards a protection of both the individual and the dual nature of political rights. This development would have been incomplete without the work and the interactions with the Council of Europe’s Venice Commission, which full name is «Commission for Democracy through Law», which largely contributes to the development of standard-setting processes, acting as a catalyser of the States’ will to reach a European consensus. The Venice Commission is an international body that has a diplomatic dimension: it must cooperate with States, and, at the same time, it must issue opinions and recommendations that are not always easy to implement (and not always followed) at the national level. This paper focuses on the complex role played by the European Court of Human Rights and the Venice Commission in successfully setting common European standards and good practices in the field of elections. This article explores first the hard law standards as developed by the European Court of Human Rights in its case-law in the field of elections. It further examines the role of the Venice Commission and its working methods when identifying soft law standards in the electoral field and how, through its interactions with the Court, reinforces these standards and hard law standards to promote an electoral ius commune.