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Abstract
A través de un procedimiento legislativo anómalo y en medio de una emergencia sanitaria, se aprobó en Uruguay una extensa ley conteniendo numerosas disposiciones de corte represivo, con impacto sobre todo el sistema penal. Se ponen en juego diversos derechos fundamentales y garantías, se incrementan las potestades del aparato policial y se abre la puerta a un crecimiento de la población penitenciaria sin precedentes, incurriendo a su vez en diversas inconstitucionalidades de fondo y de forma, socavando el Estado de Derecho. El análisis devela un caso de desnaturalización de institutos constitucionales -práctica que, a través de distintas formas, se ha extendido en nuestro Continente- utilizado aquí con fines punitivistas.