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Abstract
Los poderes del juez constituyen un tema recurrente en cualquier agenda de Derecho Procesal, a partir de los debates ideológicos que todavía persisten en la doctrina moderna, fundamentalmente en materia probatoria. La idea de un proceso civil garantista asociada a la inactividad de los jueces se contrapone a la de un juez activo en la dirección procesal y material del litigio. Al caso cubano no le es ajena dicha polémica, ya que la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico regula un prototipo de juez con amplios poderes que en la práctica no ha tenido la repercusión necesaria, producto de la influencia española decimonónica; panorama que parece cambiar tras la promulgación de la nueva Constitución de la República y el proceso de reforma legislativo derivado de ella.