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Abstract
Los comportamientos relacionados con el cannabis, incluyendo su consumo, posesión y cultivo,
deben ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico pues, de lo contario, podrían
llegar a ser constitutivos de una infracción de carácter administrativo o, incluso, de un delito.
La confusión entre la regulación administrativa y penal, junto con una actitud social tolerante
hacia el cannabis, podría explicar, en parte, la creencia errónea de que estas conductas son
siempre plenamente legítimas. En este artículo se abordará la regulación jurídico penal de los
comportamientos relacionados con esta sustancia -que la jurisprudencia del Tribunal Supremo
considera como una droga que no causa grave daño a la salud-, examinando algunas de las
cuestiones más controvertidas que se plantean en la práctica judicial, especialmente en relación
con las asociaciones y clubes sociales de cannabis, como es la posible aplicación de la
doctrina del consumo compartido o el error de prohibición, teniendo en cuenta los criterios
jurisprudenciales más recientes en esta materia.