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Abstract
Es algo frecuente que los partidos politicos, considerados aqui en su personalidad juridica, esten involucrados en hechos de corrupcion. Sin embargo, como no son ni organo de control, ni organo de poder, terminan siendo ignorados por el ordenamiento juridico en el momento de la imposicion de mecanismos de control y de sanciones. Este trabajo aborda la cuestion de este “vacio” juridico sobre las organizaciones partidistas, enfocando en una propuesta justamente para rellenar esa laguna. Se ha objetivado, por medio de una revision bibliografica, en exponer distintas iniciativas en otros paises que alcanzan especificamente a la persona juridica de los partidos, disminuyendo los incentivos de su utilizacion para la practica de malversacion de recursos, legitimacion de capitales y otros delitos, construyendo una propuesta propia que se podria aplicar en diversos sistemas. Al final se concluye que, aunque sea un ente privado, los partidos no pueden no rendir cuentas a la sociedad, y que medidas anticorrupcion de esta naturaleza pueden robustecer la lucha contra la corrupcion.