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Abstract
Este artículo explora la posibilidad de remitir la situación del Paro Nacional de 2021 en Colombia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Tras realizar un breve recuento de aquellos hechos y de verificar que estarían excluidos del examen preliminar vigente, el autor señala que existen motivos razonables para creer que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y que los casos que potencialmente surgirían de estos serían admisibles. A continuación, el escrito sugiere que la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia podría enviar un mensaje de repudio a las conductas que atentan contra la democracia. Las conclusiones ofrecen un llamado a que estos lamentables acontecimientos no queden impunes.