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Abstract
En el año 2015 se registró en El Salvador una tasa de 103 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, posicionándose como el país más violento de América Latina. En este contexto, el objetivo del presente artículo es analizar la estrategia de represión implementada por las organizaciones públicas para combatir la violencia criminal. Para esto, fue realizado un levantamiento de datos cualitativos y cuantitativos a través de fuentes secundarias, entre las cuales destacan trabajos de periodismo investigativo. Identificando que las agencias cometidas por el Ejecutivo Salvadoreño, así como por dos organizaciones centrales dentro del sistema de justicia penal, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional Civil, parecen apuntar a una misma estrategia.Realidad y Reflexión Año 18, No 47, 48 Enero-Junio 2018; pp.92-107