Las voces de los vulnerados: Los nombres importan

Abstract

El 18 de octubre de 2019 se inició el proceso de protesta que comúnmente conocemos como «estallido social». El movimiento fue motivado por las injusticias que por décadas han aquejado a Chile y, en particular, por la desigualdad social, a juicio de este autor. La gente salió a las calles demandando cambios en ámbitos de la vida social y política, pidiendo un sistema de educación igualitario y de calidad, un sistema de salud a la altura y accesible para todos, pensiones dignas para las personas mayores, entre muchos otros. El proceso cobró tal fuerza que —en un intento de apaciguar el clamor popular— un grupo de partidos políticos llegó al conocido acuerdo «por la paz social y la nueva Constitución» del 15 de noviembre,1 lo que inició el debate constitucional que culminará el 4 de septiembre de 2022. Pero antes y después de la celebración de dicho acuerdo, miles de personas que salieron a manifestarse a las calles en busca de un Chile mejor fueron víctimas de una política represiva adoptada por el Estado, sobre todo a inicios del proceso de la protesta social, así como de violentas prácticas por parte de Carabineros que vulneraron los derechos humanos. Con respecto al primer punto, de forma constante se recurrió a normas que endurecieron las penas de ciertos delitos, como la Ley de Seguridad del Estado o la de Control de Armas, e incluso se gestaron leyes ad hoc pensadas espe-