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Abstract
Este trabajo tiene por objeto el estudio del bien jurídico de la libre competencia en el mercado como posible bien jurídico digno de tutela penal. Al respecto se plantean dos problemas esenciales: el propio concepto de competencia y el respeto a los principios legitimadores del Derecho penal (principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y principio de intervención mínima). Para no argumentar en abstracto, se analiza un problema político-criminal concreto: el delito de corrupción entre particulares como delito contra la competencia en el mercado. El trabajo concluye que el legislador ha ignorado parcialmente el principio de intervención mínima en este ámbito.