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Abstract
Existe consenso en afirmar que el objetivo principal de la empresa es maximizar utilidades y, en consecuencia, la tarea del directorio debe estar orientada a ello. Sin embargo, hace un tiempo surgió con fuerza un movimiento que contradice este postulado: el «stakeholderismo», el cual promueve que las empresas, al otorgar mayor o menor nivel de participación, también consideren las implicancias de sus decisiones en los grupos de interés (stakeholders) que circunvalan la órbita del giro de los negocios de la compañía. Más allá de que estemos o no de acuerdo con esta posición, consideramos necesario establecer una forma de balancear ambos enfoques. Existen varios antecedentes: hoy es usual incluir en los contratos cláusulas que regulan de alguna forma —mediante garantías o como condición resolutoria— contingencias reputacionales que puedan generar un mayor riesgo financiero; o también la Executive Order 12.866, promulgada por el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton, que exige a las agencias, en la medida de lo posible, la cuantificación de los costos y beneficios de sus decisiones regulatorias.