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Abstract
La inteligencia artificial, sin duda, es una herramienta eficaz y eficiente en la administración de justicia penal que, en la medida en que las instituciones públicas y privadas encargadas de su administración la utilicen, la brecha de tiempo y calidad existente entre la violación del bien jurídico protegido y la sentencia que así lo determine se reducirá, permitiendo proteger y garantizar el derecho humano al acceso a la justicia. La inteligencia artificial ha tenido avances acelerados en los últimos 80 años, a lo que el derecho penal no puede ser ajeno, y debe incorporar en sus procesos la utilización de la inteligencia artificial para la prevención, investigación y sanción de conductas típicas que pudieran poner en riesgo bienes jurídicos protegidos.