Luz Marcela Fernández Briseño, Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez
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Abstract
En México, las dependencias federales, sus entidades federativas y particularmente susmunicipios, deben cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho a un medioambiente sano a la población de su territorio, lo cual únicamente puede lograrse a través, nosolo de la planeación de políticas públicas ambientales enfocadas en una tutela integral delderecho humano en mención, sino en la oportuna implementación y eficacia de las mismas, apartir de ejercicios de gobernanza que consideren las problemáticas ambientales de lascomunidades que no han sido atendidas de manera histórica, lo cual ha repercutido en la faltade protección del equilibrio ecológico efectivo, indispensable para el bienestar y desarrollo delas poblaciones. En este sentido, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, laParticipación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina yel Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021, resulta la guía vinculante ideal para queel Estado Mexicano impulse la participación pública en los asuntos ambientales de nuestropaís, así como para incluir la perspectiva social en las políticas públicas para la prevención dedaños ambientales y así buscar solucionar los conflictos socio ambientales en México.