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Abstract
Los derechos sociales suelen percibirse con recelo. Se les acusa de carecer de sustancia, de no ser justiciables, de reflejar la "inflación" del discurso de los derechos humanos en las últimas décadas; y, en última instancia, de ser una adición ajena e indeseada al restringido repertorio de derechos fundamentales "reales" que los sistemas constitucionales deben respetar y proteger. Hasta hace poco, este escepticismo ha dominado los debates sobre el estatus de los derechos sociales, en particular en el pensamiento jurisprudencial angloamericano. Aunque la aparición de sofisticados modelos de aplicación de los derechos socioeconómicos en Sudáfrica y en otros países durante las últimas décadas ha puesto en tela de juicio esta idea. No obstante, gran parte del discurso constitucional comparado sigue asumiendo que los derechos sociales son de algún modo problemáticos y que deberían recibir poco reconocimiento en cualquier marco constitucional. Esta creencia popular es errónea en muchos sentidos y uno de sus puntos débiles es que se ignora un aspecto comparativo importante del contexto europeo. Muchos sistemas jurídicos europeos han adoptado un enfoque muy diferente respecto a los derechos sociales.58 Es habitual que las constituciones europeas reconozcan la importancia fundamental de estos derechos y que los tribunales europeos los tengan en cuenta a la hora de interpretar y aplicar el derecho nacional.59 Además, los marcos jurídicos regionales europeos, concretamente la Carta Social Europea, la Convención Europea de Derechos Humanos y la legislación de la Unión Europea (EU), reconocen y protegen los derechos sociales de forma directa o indirecta. Dicha protección suele tener un alcance limitado, lo que resulta controvertido, tal como se analizará brevemente a continuación. Sin embargo, es una importante experiencia comparativa que debería tenerse en cuenta en cualquier debate sobre derechos sociales. En el contexto constitucional europeo, el carácter fundamental de estos derechos se afirma en textos constitucionales y se les da un grado de protección legal efectiva.