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Abstract
Dotada de una «autonomía» relativa a efecto de que los intereses de la clase dominante no perturben el desarrollo del conocimiento científico, la universidad pública ha sido reconocida como la institución educativa más importante por su capacidad de participar en el desarrollo económico y social; no obstante, ha sido objeto de políticas y discursos contradictorios. Los defensores de la autonomía universitaria enarbolan el desarrollo de la investigación, formación y difusión de los saberes especializados en un ámbito de libertad; en tanto que un sector radical de la burguesía considera que las actividades universitarias deben subordinarse a las necesidades del aparato productivo. En esa disputa, la universidad pública no escapa al influjo de la empresarialización: investigación, enseñanza y formación se subordinan a las necesidades corporativas, a la vez que las instituciones son sometidas a evaluaciones acordes a los preceptos de calidad, eficiencia y productividad. La universidad pública es tratada como una empresa de servicios educativos y proveedora de productos intelectuales innovadores, como las tecnologías. Los dispositivos gerenciales se convierten en una efectiva estrategia de control basada en evaluaciones de todo tipo y en la competencia por los recursos de financiamiento. La universidad pública no es convocada a mantener su autonomía, sino que se busca que las empresas asuman una injerencia creciente en el sector. Se postula la autogestión para inducir a que cada institución busque recursos económicos, ante el paulatino abandono del financiamiento público, y con ello presionar hacia la privatización.