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Abstract
Para mediados de 2020 la Justicia Especial para la Paz, el régimen de justicia transicional pactado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia en el 2016, tenía decidido dictar su primera sentencia sobre los secuestros cometidos por este grupo. Esto se frustró porque se convirtió en un escándalo al que los exlíderes guerrilleros negaran desde el 2019 los detalles de este crimen, adujeran que los mismos habían sido retenciones y que, además, no había existido reclutamiento de menores. El mismo patrón de no reconocer su responsabilidad fue usado por generales del ejército con respecto a los “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales de personas presentadas como producto de un combate). El hecho de que la JEP no procediera a abrir los incidentes de incumplimiento tal como se había pactado, pasados dos años desde rendidas estas versiones, ha afectado a su credibilidad. Mientras que nuevos ejércitos irregulares están tomando el control de diferentes zonas del país dominadas antes por las FARC, las víctimas reclaman a la JEP que aplique el régimen previsto para quienes violen el compromiso de contar la verdad completa, exhaustiva y detallada a cambio de no tener pena de cárcel. Desde una perspectiva socio-jurídica, se indaga sobre las razones por las que la JEP adoptó una estrategia “dialógica” en contravía del Acto Legislativo 01 de 2017, mediante el cual, ese compromiso se elevó a rango constitucional y por qué se niega a atender el reclamo legítimo de las víctimas.
到2020年年中,哥伦比亚革命武装力量(FARC)游击队和哥伦比亚政府在2016年达成的过渡司法制度“和平特别正义”(special justice for peace)决定对该组织犯下的绑架事件做出首次判决。这被挫败了,因为这成为了一件丑闻,前游击队领导人自2019年以来否认了这一罪行的细节,声称他们被拘留了,而且没有招募未成年人。同样的不承认责任的模式也被陆军将军用于“假阳性”(法外处决作为战斗产物的人)。在提交这些报告两年后,JEP没有按照商定的方式展开侵权事件,这一事实损害了JEP的信誉。而新的非正规军队正在控制该国不同地区主导哥伦比亚革命武装部队之前,受害者要求appropriate制度执行的计划对那些违反说出真相的承诺充分、彻底和详尽换取没有判处监禁。从法律的角度,去查他为何appropriate通过一项战略dialógica“落伍”01 2017立法行为,该方案这一承诺达到宪法和为什么拒绝满足受害者的合法要求。