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Abstract
América Latina está a la vanguardia de los desarrollos globales en la constitucionalización y aplicación judicial de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).2 Históricamente, Estados Unidos fue considerado el líder mundial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, y a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, los tribunales de India y Sudáfrica, y quizás Hungría, aparecen como pioneros en la aplicación judicial de los DESC. Pero los países latinoamericanos hace mucho tiempo ya incluyen una amplia gama de derechos sociales y económicos en sus constituciones, y en las últimas décadas no sólo han agregado más derechos, sino que también han reforzado los mecanismos de aplicación judicial de los derechos incluidos en sus textos fundamentales. De hecho, hoy, aunque muchas cortes a través del mundo han levantado la bandera de los DESC, los tribunales latinoamericanos están aportando innovación doctrinal y ejemplos concretos de aplicación de los DESC a un ritmo y de una manera que eclipsa a otras regiones. Estas intervenciones judiciales en cuestiones claves de la política social y económica son a menudo controvertidas y, en ocasiones, criticadas por ineficaces, pero queda claro que han transformado la política de previsión social y las estrategias de los movimientos sociales en muchos países de la región